Al consumarse la Independencia en 1821, comienzan los esfuerzos para crear las leyes de la nueva nación, luego de tres siglos de dependencia del Imperio español. La legalidad de la Independencia quedó sancionada en el Plan de Iguala, que exhortaba a la unidad entre americanos y europeos (españoles residentes en México), como base de concordia para las tareas de reconstrucción política y económica. El documento libertador no pudo, sin embargo, conciliar los intereses contradictorios entre españoles peninsulares y españoles americanos (criollos), las dos fuerzas políticas y sociales más importantes de la época.
La vieja enemistad política y económica que existía entre ambos tipos de españoles se intensificó con la Independencia que, tal como se había concebido, permitía la conservación de los privilegios de los peninsulares, sin resolver las demandas sociales de los americanos.
Los criollos representaron el advenimiento de un pueblo nuevo, que si bien prolongaba las tradiciones culturales europeas, también las modificaba con nuevas concepciones de país, al que consideraban suyo por haber nacido en él; y que les hacía considerarse con mayores derechos que los otros a dirigir el destino de la nueva nación.
La lucha entre los grupos nacidos en España y en tierra americana cubre el primer período del México Independiente y termina con la paulatina expulsión de los peninsulares y de sus caudales, tan necesarios para la economía del país. Estas primeras luchas, que arrastraron a los otros sectores de la población, se dieron con la presencia destacada de las logias masónicas: escoceses, que representaron los intereses de las clases pudientes, y yorkinos, que aglutinaron a los insurgentes.
Los grupos políticos en disputa defendieron principios distintos para conducir el país: "orden público y religión" los escoceses, y "libertad y progreso", losyorkinos, lo que llevaría a una posterior formación de los partidos centralista y federalista, respectivamente. Los primeros contaron con el apoyo de los españoles y el clero y los segundos, con el de los Estados Unidos.
Como instituciones, la Iglesia y el Ejército fueron los actores sociales más importantes en las luchas que van de la consumación de la Independencia hasta el triunfo de la Revolución de Ayutla (1855) y la Guerra de Reforma (1857-1867). México conoció en ese período tres formas de organización política: Imperio de Iturbide, República Federal y República Centralista. España fue derrotada y expulsada, pero no las estructuras que había creado durante su larga presencia. Dejó como legado una sociedad compuesta por blancos, diversos grupos étnicos y mestizos, con distintos grados de educación, cultura, tradiciones y niveles económicos. Había heredado un ejército y una poderosa Iglesia, dueña de la mayor parte de las riquezas del país, en virtud del Regio Patronato Indio, que concedió a España la autonomía de Roma respecto a la política eclesiástica en el continente.
Los reyes españoles y los virreyes eran los patrones y vicepatronos, respectivamente, de la Iglesia en la Nueva España, con derechos a la percepción de los diezmos, a la erección de Iglesias y la construcción de conventos; a la organización de misiones y a la propuesta de las personas para los puestos vacantes, desde obispos hasta capellanes.
Este inmenso poder que otorgó el Papa a los Reyes Católicos y a sus descendientes se asoció con una situación adversa, el triunfo de La Reforma luterana, que había separado del mundo católico a los protestantes. A cambio de ese privilegio, España se comprometió a efectuar y costear la evangelización, empresa que con creces recompensó esas pérdidas.
Al amparo de esa legislacion, la Iglesia reunió un importante patrimonio económico, incrementado aún más por las funciones de prestamista que desempeñó durante largo tiempo, a falta de instituciones de crédito. Su fuerza económica y social, emanada del poder religioso y educativo que ejercía sobre la población, fue causa de que los gobiernos republicanos lanzaran sus dardos contra ella. Nada extraño, puesto que precisaban su caudal para la construcción del país.
El Ejército, que con la Independencia se había constituido en una clase privilegiada, fue el mejor aliado de la Iglesia en la defensa común de los fueros.
Caído el efímero Imperio de Agustín de Iturbide (1822-1823), que había conservado los fueros de la Iglesia y el Ejército, se inician los largos debates entre federalistas y centralistas. Por más de tres décadas controversias y luchas armadas prolongan la pugna por imponer uno u otro régimen. El primer triunfo político correspondió a los federalistas, que vencieron en el Constituyente de 1823, autor de la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en 1824. La Carta Magna convirtió a las provincias en estados independientes y soberanos en lo tocante a la administración interna. La excesiva autonomía otorgada a los gobiernos locales fue utilizada sin embargo por ellos para combatir al gobierno federal. El pacto federal dio fuerza a las milicias locales, bastante bien organizadas, que al mando de militares con frecuencia ambiciosos, sirvieron indistintamente a federalistas y a centralistas.
Dos movimientos armados nacidos desde el seno de la vicepresidencia pusieron en peligro el régimen federal. El primero lo encabezó Nicolás Bravo (1827), Vicepresidente de la República y alto jefe de la logia escocesa, que aunque no logró derrocar al presidente Guadalupe Victoria, sí abrió la primera brecha contra el régimen federalista. El segundo movimiento, enarbolado por Anastasio Bustamante (1829), provocó una nueva crisis al desplazar de la Presidencia a Vicente Guerrero y permitir el ascenso de Bustamante (1830). Este atrajo al clero y trató de restablecer el orden para atender los problemas económicos, atemperar las reacciones a las medidas drásticas emprendidas contra los liberales, y fortalecer su batalla contra la prensa. Sobre él pesaba principalmente la responsabilidad de haber patrocinado la muerte de Guerrero. Al final, Bustamante provocó tal oposición de los gobiernos locales, que éstos pusieron fin a su mandato.
En 1832 se levanta la guarnición de Veracruz al mando del general Antonio de Santa Anna, quien pide el regreso al poder de Gómez Pedraza. La imposición de éste fue el puente para la toma de la primera magistratura por parte del propio Santa Anna (1833). Su gobierno tuvo como vicepresidente a Valentín Gómez Farías, liberal con un gran prestigio de honestidad, que decretó La reforma eclesiástica militar (1833-1834) destinada a combatir los fueros de la Iglesia y el Ejército.
Gómez Farías se convierte en el iniciador de la primeras Leyes de Reforma contra la Iglesia: incautación de los bienes del clero, secularización de la enseñanza y administración del patrimonio de la Iglesia. La reacción al programa reformista fue violenta, como era de esperarse, dadas las afectaciones que implicaba. Santa Anna regresa de su hacienda (Manga de Clavo), abroga las leyes anticlericales y acaba por expulsar a Gómez Farías, suprimiendo la Vicepresidencia. Con este acto se abre el camino a la nueva constitución centralista, Las Siete Leyes (1835-1836), que reemplazó a la de 1824. Los Estados se transforman en departamentos y sus rentas pasan a disposición del gobierno central, que contribuye a que ocurran sucesos de especial trascendencia, como la Independencia de Texas (1836), la primera guerra con Francia (1838-1839) y la separación del estado de Yucatán (1841).
La República centralista vive en crisis recurrentes. Se suceden los presidentes y los levantamientos. La economía está en ruinas. Apenas terminada la guerra contra Francia, Mariano Paredes y Arrillaga encabeza un movimiento reaccionario (1841) contra el régimen conservador del presidente Anastasio Bustamante, que fue aprovechado por Santa Anna para llegar al poder y gobernar como dictador. En un contexto de violencia armada, se proclaman las Bases Orgánicas (1843) que centralizan en forma absoluta en el Poder Ejecutivo la administración de las provincias. Ni con el bloqueo norteamericano de Veracruz ceden las luchas entre los bandos.
En 1846 un pronunciamiento, esta vez federalista, encabezado por José Mariano Salas, pone fin al centralismo. Tras una breve estancia en el poder, Salas ofrece la primera magistratura a Santa Anna, quien la deja en manos de Gómez Farías mientras sale a combatir la invasión estadounidense (1846-1848) al mando de un ejército de más de 14 mil hombres. De acuerdo con los Tratados de Guadalupe (1848), que pusieron fin a la contienda intervencionista, México perdió Texas, Nuevo México, Arizona y la Alta California. Ante el estrepitoso desastre, Santa Anna huyó al extranjero.
Aunque la guerra había conmocionado al país, todavía no se lograba crear una auténtica conciencia nacional, pero sí era evidente que ya se estaba planteando en algunos sectores la necesidad de unificar al país y tranformarlo, conduciéndolo a la modernidad. Esta tarea no pudo efectuarse inmediatamente después de la guerra, cuando los liberales moderados ascendieron al poder, en el que permanecerían hasta ser expulsados por el cuartelazo de 1852.
Los centralistas que se pronunciaron demandaron el regreso de Santa Anna, quien asumió el poder llevando a Lucas Alamán como jefe del gabinete. La muerte de Alamán dejó a Santa Anna cómo único dueño del poder y de la Nación. El Consejo de Estado le concedió entonces facultades absolutas y el título de "Alteza Serenísima", lo que le permitió establecer una dictadura de corte monárquico en extremo onerosa para la nación.
Santa Anna fue expulsado del escenario político que había dominado durante tres décadas, por la revolución triunfante de Ayutla (1854-1855). Esta capacidad de permanencia, representando a fuerzas políticas opuestas, hace de Santa Anna una figura única en la historia de México. Carismático, gobernó el país con los fusiles, con el Congreso y sin él, con el apoyo del pueblo y sin su consentimiento, alcanzando la Presidencia en once ocasiones. Sujeto a múltiples controversias, héroe para unos y traidor para otros, fue el hombre indispensable para resolver o intentar resolver las situaciones contingentes de la Nación.
Enarboló la bandera republicana contra Iturbide y traicionó a la República para instaurar su propia dictadura de corte monárquico. Con él inicia y concluye el ciclo de las luchas federalistas y centralistas, que a partir de Ayutla se entablarán entre liberales y conservadores, republicanos e imperialistas, hombres distintos de una misma batalla entre lo viejo y lo nuevo para forjar una nación que no acababa de encontrarse a sí misma.
El Plan de Ayutla no fue un pronunciamiento más para derrocar, en ese caso, a Santa Anna. Estuvo dirigido contra los gobiernos tiránicos que quisieron encarcelar el movimiento de 1810 en temas como "o encierro, o destierro, o entierro". Aunque proclamado por el coronel Tilorencio Villarreal, sus impulsores fueron el General Juan Alvarez, caudillo del movimiento, que gozaba de gran popularidad, y el liberal moderado Ignacio Comonfort, que dio un giro social al movimiento apoyado por la población.
